Ni siquiera puedo imaginarme el tremendo dolor de mi amiga, que por aquel entonces era una adolescente, al ver a su madre tendida en el suelo de su apartamento, ensangrentada y sin vida. Sólo se asomó a la ventana y en un instante todo se nubló. Una vida cegada por las balas asesinas de los mismos que organizaron el golpe fascista de abril de 2002 y el paro-sabotaje petrolero, -no me refiero a la gente de buena fe que adversa a Chávez- y que ayer, 15 años después de la masacre ejecutada por Carlos Andrés Pérez, intentaron propiciar un nuevo baño de sangre como los que están acostumbrados a generar. Más de 3000 muertos son testigos mudos e inertes del asesinato masivo más importante llevado a cabo en nombre de la democracia representativa. Pero no el único. AD y COPEI, y sus nuevos socios de Primero Justicia, y partidos otrora de izquierda como el MAS o Bandera Roja, que sufrieron los rigores del “dispare primero y averigüe después” del inefable Rómulo Betancourt, tienen sobre sus conciencias los varios centenares de muertos del “Porteñazo” y el “Carupanazo”, de Cantaura, de El Amparo, de los Teatros de Operaciones, donde siguiendo las instrucciones de los manuales de contrainsurgencia de la CIA, se violaron sistemáticamente los derechos humanos. El Pacto de Punto Fijo: el dinero, el salmo y el sable Fue el “caracazo” o el “sacudón”, como también se le conoce, un evento histórico de masas, de carácter espontáneo, sin dirección ni objetivos políticos definidos, pero sí un severo cuestionamiento a un estado de cosas que ya resultaba insoportable para la mayoría del pueblo venezolano. Este dantesco episodio de la historia contemporánea del país fue la punta del iceberg de un fenómeno más profundo, que puso en evidencia la crisis terminal del modelo político y económico instaurado en 1958 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, basado en el llamado Pacto de Punto Fijo, suscrito por AD, COPEI y URD el 31 de octubre de aquel año, mediante el cual dichos partidos se comprometían a evitar los conflictos interpartidistas, respetar el resultado electoral cualquiera que fuese, formar un gobierno de unidad nacional en el cual estuviesen representadas todas las fuerzas políticas con independencia de los resultados electorales, y a suscribir una Declaración de Principios y un Programa Mínimo de Gobierno, la cual se firmó el 6 de diciembre de 1958. Pero más allá de estos criterios prácticos, el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo de gobernabilidad mediante el cual los actores políticos y sociales fundamentales, en conjunción con las principales instituciones de la burguesía, como Fedecámaras, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, establecían las reglas del juego, y se comprometían a defender a la democracia representativa, como forma política, y al capitalismo subdesarrollado y rentista –basado en el petróleo-, en el ámbito económico, de cualquier peligro, y resguardarlo de cualquier intento de subversión de dicho estado de cosas. Esto se puso en evidencia, con manifiesta crudeza, durante los años de la lucha armada, pero se aplicó con inexorable saña y firmeza durante los últimos 40 años, cada vez que los trabajadores y el pueblo intentaron levantar su voz de rechazo. Sin duda, el ejemplo más dramático fue la violencia desatada durante el 27 y 28 de febrero de 1989, y en los días subsiguientes. El 27 de febrero: punto de inflexión del “puntofijismo” No fue el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 el punto de inflexión en la crisis política, social y económica que padecía Venezuela a finales de la década del 80. No se puede negar que aquel acontecimiento, estrictamente militar, fue una expresión más de la crisis social y política por la que atravesaba el país. Al interior de las Fuerzas Armadas también se manifestaban las contradicciones de clase y el hervidero social que había hecho eclosión el 27 de febrero de 1989. Sin lugar a dudas, fue el “caracazo” el verdadero punto de quiebre del modelo de Punto Fijo. Aunque ya se venían produciendo expresiones de ésta crisis en otros ámbitos, como el electoral, el económico, el social, y en el 92 en el terreno militar. En el terreno electoral la crisis del “puntofijismo” se puso en evidencia con el aumento de la abstención. Ejemplo de este cambio es que de una abstención histórica de un sólo dígito, en las elecciones nacionales de 1978 se pasó al 12,4% mientras que en las elecciones municipales de 1979 ascendió a 27,1%, luego, en las elecciones nacionales de 1983 alcanzó el 12,1% mientras que en las municipales de 1984 ascendió al 40,7%, pasando en las nacionales de 1988 al 18,3% y en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales municipales de 1989 llegó al 54,8%. En el ámbito económico el agotamiento del modelo se manifestó con la llamada crisis del “viernes negro” de febrero de 1983, en el marco de la crisis de la deuda externa que afectaba a toda América Latina. El gobierno de Luis Herrera Camping procedió a devaluar la moneda para frenar una fuga masiva de divisas y el deterioro acelerado de las reservas internacionales. A finales del gobierno de Jaime Lusinchi la inflación tradicionalmente de un solo dígito se disparó alcanzando al 28% y el 29,48% en los años 1987 y 1988. Las reservas internacionales cayeron a 9.505 millones de dólares entre 1986 y 1988 (compárese con los 21 mil millones de la actualidad). Mientras que la situación económica se agravaba, otro tanto sucedía en el aspecto social. Entre 1984 y 1988 la pobreza extrema se elevó de 11% a 14% y la pobreza total pasó de 36% a 46%. Por otra parte, la pobreza extrema se eleva de 14% en 1988 a 30% en 1989 (un aumento de 16% en tan sólo un año), llegando a 34% en 1991. Mientras, la pobreza total aumenta de 46% en 1988 a 68% en 1991. En el seno de las Fuerzas Armadas, estos cambios en la estructura social y económica del país también se hicieron notar, y los intentos de golpe de febrero y noviembre de 1992 fueron una manifestación de ello. Ambas asonadas castrenses fueron acciones de carácter bélico, aisladas del movimiento de masas. No empalmaron con las luchas cotidianas que los trabajadores, los estudiantes y el movimiento popular venían dando desde mediados de la década del 80, y con mayor fuerza entre 1987 y 1988. Por el contrario, estas acciones buscaban conquistar por asalto el poder político mediante las armas sin contar con la movilización y la lucha de las masas. En rigor, estos intentos golpistas fueron consecuencia del estallido social de febrero de 1989. Precisamente por esta razón fundamental es que ambos golpes fracasan. Más allá de las habilidades militares de sus líderes, del arrojo y valentía personal de unos y otros, de las razones objetivas que llevaron a Chávez a rendirse, lo que en realidad determinó el fracaso del golpe fue la falta de movilización popular y el aislamiento de la acción militar. De la crisis de “Punto Fijo” a la exacerbación de la lucha de clases Pero la historia no terminó en 1992, luego de las jornadas de febrero y noviembre de aquel año, el proceso de crisis del modelo puntofijista siguió su caída en picada, expresándose en 1993 en el plano institucional, con la salida de Carlos Andrés Pérez acusado de corrupción, y en 1994, apenas iniciándose el segundo gobierno de Rafael Caldera, con la más grande crisis financiera conocida por el país, y con el que consideramos el más grave crimen contra el bolsillo de los trabajadores venezolanos como lo fue el otorgamiento de auxilios financieros a los banqueros corruptos y ladrones, los cuales llegaron a la astronómica suma de 10 mil 300 millones de dólares, cifra equivalente al 17% del PIB de aquel entonces, y que estos no utilizaron para salvar a las instituciones financieras, fugándose al exterior con la “cabuya en la pata”, donde seguramente disfrutan a rienda suelta esta millonada gracias a los buenos oficios de Caldera. La situación que hoy vive el país es continuación en la evolución de la lucha de los trabajadores y el pueblo por lograr sacarse de encima la camisa de fuerza de la burguesía, sus instituciones, partidos y lacayos. Y en esa medida se convierte en una lucha contra el imperialismo. Es una lucha por lograr las conquistas democráticas anheladas y esperadas a la caída de la dictadura, las cuales fueron escamoteadas por la burguesía parasitaria, vividora de los recursos petroleros, la oligarquía financiera y sus amos del Norte. La lucha de los trabajadores venezolanos hoy es por convertir a PDVSA en una empresa verdaderamente al servicio de los intereses populares, y efectivamente en manos de sus trabajadores. Es la lucha tenaz contra los golpistas dueños de las empresas tomadas y recuperadas por sus obreros. Es una confrontación por el control de los medios de comunicación nacionales, pero simultáneamente es una lucha contra las grandes cadenas televisivas y editoriales del imperialismo. Es una lucha por lograr que el poder verdaderamente resida en el pueblo, en los trabajadores y sus organizaciones. Es por lograr una verdadera democracia participativa que sólo será posible en la lucha ininterrumpida por el Socialismo. En fin, la represión de adecos y copeyanos para proteger los intereses de la burguesía no puede ser considerada, desde el punto de vista de ellos, como tal, sólo es una manera un tanto “brusca” de meter por el aro a los disidentes y criticones. La masacre de febrero de 1989 ni siquiera es recordada por esta canalla asesina del pueblo y los trabajadores. Tan sólo fue un episodio más de restablecimiento del orden puntofijista, para lo que precisamente, se pusieron de acuerdo en la casa de Rafael Caldera en octubre de 1958. 27 de febrero de 2004: brutal represión En el día de ayer, otro 27 de febrero, los golpistas de la Coordinadora Democrática se quitaron sin cortapisas la careta –será porque es octavita de carnaval-. Se dejaron de pendejadas y mostraron abiertamente su talante fascista y violento, sin importarles la presencia en el país de los presidentes y mandatarios del G-15, quienes por cierto, debieron pronunciarse en defensa de las libertades democráticas. Desde hace algunos días ya se sabía que estos facinerosos estaban planeando generar en el país una situación de caos. Ya el pasado 14 de febrero amenazaron con un polvorín pero ahora, ante la evidencia pública del gigantesco fraude cometido en el llamado “firmazo”, y puestos en una difícil situación ya que el revocatorio estaría en pico e´zamuro, han puesto en marcha un supuesto Plan Guarimba, que utilizaría dos canales de expresión, por una parte, los medios de comunicación social, especialmente la televisión, para difundir mentiras y tergiversar los hechos, y por otra, generar caos en diferentes puntos de Caracas y otras zonas del país, particularmente en aquellas donde sus alcaldes y gobernadores son parte de la Coordinadora Democrática, contando para ello con las policías municipales o, como en el caso de la capital, con la Policía Metropolitana. Para mañana, día en que se celebrará una marcha del pueblo en apoyo al proceso revolucionario, contra el megafraude y la injerencia imperialista, el alcalde golpista de Chacao, Leopoldo López, está convocando a una concentración opositora en la Plaza Altamira, lo cual es una abierta provocación a los marchistas que tienen previsto pasar por esa zona. Esta convocatoria es parte de las acciones aventureras de la Coordinadora Democrática. Además, las presiones y amenazas de muerte contra Oscar Battaglini y Jorge Rodríguez, rectores del CNE se acrecientan, mientras se difunden por vía radioeléctrica las direcciones de los mismos. La táctica de los golpistas sería generar a través de grupos de choque armados de AD, Bandera Roja y Primero Justicia, situaciones de caos, perturbando el tránsito automotor, paralizando el Metro de Caracas, atacando mediante acciones violentas determinados lugares y personas; utilizando el amedrentamiento y la amenaza, todo con el fin de provocar la reacción del gobierno y de las organizaciones populares. Se busca propiciar una situación de supuesto “vacío de poder” o de ingobernabilidad, de crear una apariencia de incapacidad del gobierno para ejercer su autoridad. El fin último sería solicitar la intervención de “alguien”, del imperialismo, de la OEA (que es lo mismo) a través de la Carta Democrática, incluso, la intervención o pronunciamiento de algún sector militar. Para desestabilizar al país no necesitan ser mayoría, en casi todos los casos históricos en que han triunfado, el fascismo y el golpismo han sido minorías muy activas, bien organizadas y con muchos recursos, los recursos propios del poder de la burguesía a escala mundial, no sólo nacional. De allí que no podemos cantar victoria porque seamos más y nuestras movilizaciones sean masivas. Tampoco podemos contar con que la decisión del CNE será contraria a un referéndum, hasta que esto no sea una decisión definitivamente firme, una “espada de Damocles” penderá sobre el proceso revolucionario en el país. A los trabajadores, al pueblo y a sus organizaciones, sólo les queda continuar la movilización permanente y combativa contra el intento de la burguesía de imponernos el megafraude y de enfrentar la intromisión constante del imperialismo a través de sus secuaces de la OEA y el Centro Carter enquistados en el CNE. Esta lucha empalma con el enfrentamiento a la impunidad y a la urgencia de castigar a los golpistas. Los desmanes que ayer cometieron y que probablemente continuarán ejecutando no pueden quedar impunes, es necesario demandar a los cabecillas de la violencia reaccionaria y presionar mediante la movilización porque se les castigue, así como por todos los delitos cometidos en el pasado reciente. Llama la atención que los medios de comunicación que se quedaron mudos ante la masacre del 27 de febrero de 1989, que tácitamente la avalaron en aras del restablecimiento del orden; los mismos medios que estigmatizaban las protestas estudiantiles y de cualquier otro sector del pueblo; que criminalizaron en el pasado a los llamados “encapuchados”, que convirtieron en un héroe nacional, solicitado constantemente por los entrevistadores de la televisión y de la radio al “carnicero de Caracas”, Italo del Valle Alliegro, en el día de hoy titularon sus periódicos: BRUTAL REPRESION. Cuando los trabajadores, marginados y estudiantes protestaban eran catalogados de violentos y desadaptados, eludiendo cualquier apreciación sobre la desproporción de las acciones de los cuerpos de seguridad. En cambio ahora, a los golpistas violentos que se enfrentaron ayer con la Guardia Nacional, se les disculpa, se les justifica: “Pero si sólo eran unos 30 o 40, y la Guardia eran cientos” “cómo es posible tal desproporción”. No se dice nada de las acciones vándalicas de un desaforado golpista como Antonio Ledezma, ni se muestra la imagen del pichón de Mussolini, Leopoldo López, blandiendo amenazador una china en una mano y una máscara antigases en la otra. O los camiones de la Polar interrumpiendo el tráfico o a la Metropolitana sirviendo de punta de lanza a las bandas armadas de AD, Bandera Roja y Primero Justicia. Para la burguesía, para el imperialismo y sus partidos, para los dueños de los medios de comunicación, la represión brutal del 27 de febrero de 1989 fue necesaria para salvaguardar el orden de ellos, el orden de “Punto Fijo”, el orden del capital. La violencia de ayer desatada por la Coordinadora Democrática fue “necesaria” para tratar de recuperar los privilegios y frenar el avance del proceso revolucionario en Venezuela. Publicado originalmente el 28-2-2004 |
martes, 20 de febrero de 2007
27 de febrero de 1989: restablecimiento del orden. 27 de febrero de 2004: brutal represión
A propósito del 4 de febrero de 1992: una polémica necesaria con Chávez
La extraordinaria movilización popular del 4 de febrero pasado, y la triste y escuálida marchita de los golpistas, son un termómetro que pone nuevamente en el tapete la debilidad de la base social del golpismo y la poderosa iniciativa del movimiento obrero y popular, que sigue contando con una gran disposición para la lucha consolidada con los reiterados triunfos frente al golpismo. Dicha movilización y el discurso del presidente Chávez, nos animan a discutir algunas de las cuestiones planteadas por éste. Chávez planteó en su alocución conmemorativa de los 12 años del golpe del 4 de febrero de 1992, palabras más palabras menos, que este acontecimiento fue el quiebre de la historia política del país; que el 4F significó la muerte del Pacto de Punto Fijo y del pasado. No se puede negar que aquel acontecimiento estrictamente militar, fue una expresión más de la crisis social y política por la que atravesaba el país. Al interior de las Fuerzas Armadas también se manifestaban las contradicciones de clase y el hervidero social que había hecho eclosión dramáticamente el 27 de febrero de 1989. De la historia es importante extraer las conclusiones más ajustadas a la realidad, a fin de comprender el presente a cabalidad y dar las respuestas políticas más acordes con la situación. Sin lugar a dudas, el "sacudón" o el "caracazo", como también se le conoce, fue el verdadero punto de inflexión de una aguda crisis política, social y económica, que ya había tenido otras expresiones, en el terreno electoral con la abstención y en el económico con la llamada crisis del "viernes negro" en febrero de 1983. Estos diversos acontecimientos, junto con los intentos de golpe militar de febrero y noviembre de 1992, pusieron en evidencia el agotamiento del modelo de "Punto Fijo" establecido a la caída de la dicadura perezjimenista. Pero cada situación debe evaluarse en sus justos términos. La asonada militar de febrero de aquel año, así como la de noviembre, fueron acciones militares aisladas del movimiento de masas. No empalmaron con las luchas cotidianas que los trabajadores, los estudiantes y el movimiento popular desarrollaban desde 1989 contra el paquete neoliberal instrumentado por Carlos Andrés Pérez y su gabinete de Iesa Boys, por el contrario, estas acciones buscaban conquistar el poder político mediante las armas sin contar con la lucha de masas. En rigor, dichos intentos golpistas fueron consecuencia del estallido social de febrero de 1989, constituyéndose este último en el verdadero quiebre histórico de la democracia representativa basada en el Pacto de Punto Fijo. Algunos oficiales que acompañaron a Chávez para aquél entonces, como Luis Valderrama y Jesús Urdaneta Hernández, atribuyen a Chávez la causa de la derrota al haberse rendido. En realidad, el fracaso del golpe estuvo determinado por la falta de movilización popular y el aislamiento de la acción militar. Todavía uno recuerda como la población de Caracas aplaudía cada bomba lanzada por los aviones rebeldes durante el golpe de noviembre contra los símbolos gubernamentales, pero como un espectador más, como si se estuviera viendo una película pero sin participar activamente en las acciones. Cabría contrastar esto con lo acontecido posteriormente el 11 de abril del 2002 y durante el paro-sabotaje petrolero. En estas dos ocasiones, a pesar de no contar el pueblo y los trabajadores con armas, fue la movilización masiva y firme la que permitió el retorno de Chávez al gobierno y la restitución de las libertades democráticas cercenadas por el golpe fascista; así como la recuperación de la empresa petrolera y el aplastamiento de los golpistas. En ambos casos, fue la movilización y la presión popular, las que posibilitaron la incorporación de importantes sectores militares y de la clase media a la lucha, así como la neutralización de los sectores golpistas todavía existentes en el seno de la Fuerza Armada. Lo que sí queda claro es que a través de la lucha y la movilización de masas es como los trabajadores y el pueblo pueden lograr sus objetivos, tal como se expresó distorsionadamente y sin dirección ni objetivos específicos en el "caracazo", evento de proporciones históricas que marcó el comienzo del fin para el Pacto de Punto Fijo. Y se puso nuevamente en evidencia el 13 de abril del 2002 y en los días del paro-sabotaje petrolero. Publicado originalmente el 8-2-2004 |
lunes, 19 de febrero de 2007
Crisis política y clases sociales en la coyuntura venezolana
A partir de febrero de 1989 se abre en Venezuela una década larga de crisis del modelo sociopolítico y económico, sobre el cual se asentó la aparentemente sólida democracia venezolana, instaurada en 1959, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Aquel año, el pacto institucional establecido entre los principales partidos políticos (AD, COPEI y URD); la principal organización empresarial, Fedecámaras, y la dirigencia sindical de
Sin embargo, este evento de proporciones dantescas, fue sólo la punta del iceberg de un proceso que sumergido en el tejido social, se había venido manifestando consistentemente en el plano electoral, desde mediados de la década de los ochenta con la aparición del fenómeno de la abstención –situación extraña en un país caracterizado por la participación masiva en las urnas-, y en el terreno económico y social con la crisis abierta en febrero de 1982, el llamado "viernes negro", así como con el evidente deterioro del nivel de vida de la mayor parte de la población.
El Pacto de Punto Fijo, pacto de gobernabilidad que duró por lo menos 40 años, comenzó a evidenciar signos de agotamiento desde mediados de los años 80, esto se manifestó en varios aspectos. En el terreno electoral con la aparición del fenómeno de la abstención, lo cual resultaba sintomático en un país acostumbrado a votar masivamente; posteriormente, en febrero de 1989, se expresó dramáticamente en el terreno social con la explosión del "Caracazo". Este proceso también tuvo expresión en el ámbito militar con los golpes de febrero y noviembre de 1992. En el terreno electoral se manifestó nuevamente la crisis del Pacto de Punto Fijo con el triunfo de Rafael Caldera en las elecciones de 1993, primer presidente que no llegaba al poder con el apoyo de AD o COPEI, lo cual significó la primera grieta seria del "puntofijismo" en el ámbito electoral. Todo lo anterior confluyó en 1998 con la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, abriéndose desde entonces un proceso de lucha de masas que se ha intensificado desde el paro patronal del 10 de diciembre del pasado año.
Las etapas del proceso político: Del paro de diciembre al golpe de Estado
El paro del 10 de diciembre del 2001 contra las leyes sociales aprobadas en el marco de
Mientras que la convulsión social, la polarización a favor o en contra del gobierno, avanzaba subterráneamente. Sin embargo, con la aprobación de las leyes antes mencionadas y el paro del 10 de diciembre, se produjo un quiebre en esta primera etapa del proceso político venezolano, abriéndose una nueva fase de profundización de la conflictividad social que significó un salto cualitativo en la organización de los sectores de oposición, lo cual se concretó en la gigantesca manifestación del 11 de abril en las calles de Caracas. Desde entonces, la oposición comienza a ganarle la calle a los sectores populares afectos al gobierno. Esa etapa abierta el 10 de diciembre, llega a su punto culminante el 11 de abril con el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Con las jornadas del 12 y el 13 de abril, protagonizadas por el sector militar afecto al chavismo y la insurgencia de importantes sectores populares en las calles de Caracas y otras ciudades del país, a través de las cuales se restituye a Chávez en el poder, se pasa a una nueva etapa donde el chavismo recobra relativamente la iniciativa, generándose desde entonces un importante desarrollo del movimiento popular en el sentido doble de un crecimiento significativo y variado de organizaciones (círculos bolivarianos, comités de tierra, asambleas populares, coordinadoras populares, corrientes y sindicatos clasistas, reagrupamientos políticos) y, por otra parte, una elevación significativa del nivel de conciencia política de los sectores populares y obreros.
En la actualidad Venezuela atraviesa por una situación que podríamos llamar de "prerrevolucionaria", es decir, el nivel de polarización; la exacerbación de las contradicciones entre diferentes sectores sociales; el desarrollo de un movimiento popular cada vez más organizado pero no suficientemente articulado entre sus diferentes componentes, especialmente después del golpe de Estado del 11 de abril pasado, determinan el carácter de la situación sociopolítica existente en el país, en la cual, la polarización se ha profundizado, dejando muy poco margen para las propuestas o salidas intermedias a la crisis.
Otro factor importante a tomar en cuenta en la coyuntura actual es el papel del sector castrense, sobre todo después de la crisis que se produjo en su interior a raíz del golpe de Estado del 11 de abril. Aunque es difícil saber con exactitud lo que ocurre en los cuarteles, pareciera que en este momento el presidente Chávez cuenta con el control relativo de ese sector.
Todas las variables antes mencionadas, y otras que analizaremos a continuación, están en la base del proceso social que hoy agita a la sociedad venezolana, sumergida en fuertes contradicciones sociales que no aparecieron sorpresivamente y que no fueron desarrolladas o "inventadas" por el presidente Chávez. Chávez, en todo caso, ha puesto en el tapete con su discurso dirigido al pueblo, que habla al pueblo, que intenta comunicarse directamente con él y no sólo hablar del pueblo como algo extraño, una situación social que ya existía. Que existía por lo menos desde que somos un país independiente, pero que se ha exacerbado desde mediados de los años ochenta, lo cual ha sido determinado por la caída sensible del nivel de vida de la mayoría de la población, crisis que también afectó a importantes sectores de la clase media, sector social que había sido el sostén de la democracia "puntofijista", la base social de la estabilidad democrática que había prevalecido en Venezuela desde 1958, cimentada en los ingresos producidos por la renta petrolera.
El pueblo y el discurso de Chávez: De la invisibilidad al protagonismo
Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta es el relacionado con el carácter de los cambios planteados por el gobierno del presidente Chávez, y, por supuesto, a los sujetos protagónicos de ese cambio, y a los sectores sociales eventualmente perjudicados por dichos cambios. En tal sentido, se puede afirmar que en Venezuela, por primera vez en su historia democrática, un presidente no sólo habla del pueblo, sino que habla directamente con él, se comunica y lo interpela constantemente. Esto ha posibilitado que un sector mayoritario del país se haga visible, salga de la oscuridad y el ostracismo en el que había permanecido, convirtiendo a estos sectores sociales en actores políticos. De hecho, se comienza a producir una crisis de la cultura de la exclusión, situación que es favorecida por los cambios y la retórica desarrollada por el actual gobierno. En rigor, desde nuestro punto de vista, la polarización social y los cambios políticos establecidos en
La clase media venezolana y el antichavismo
Sin lugar a dudas, esta irrupción de las clases populares atemoriza a los sectores dominantes, y de forma muy especial a la clase media venezolana. Este sector de la sociedad venezolana se caracteriza por su conservadurismo, por su inexperiencia política, salvo los sectores provenientes de la izquierda, y con una muy débil cultura general. Limitada en sus horizontes, los cuales han llegado hasta Miami, pero por el contrario, con una muy desarrollada cultura consumista consolidada a lo largo de muchos años de bonanza petrolera. La clase media venezolana, gracias a la estabilidad democrática y al parasitismo rentista, ha disfrutado de elevadísimos niveles de vida. Pero ahora, colocada en el desfiladero de la crisis económica que arrastra el país desde hace tres lustros, disminuido relativamente su nivel de vida, afectada sensiblemente por las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, ve con terror exacerbado por los medios de comunicación, la aparición de un actor social y de un discurso que hace aflorar su conservadurismo y su anticomunismo visceral.
Producto de la crisis económica y de los cambios políticos producidos vertiginosamente en los últimos años, verbalizados en el discurso izquierdizante y de confrontación del presidente Chávez, la clase media venezolana ha desarrollado una mentalidad conservadora, clasista y racista, especialmente entre sus sectores más encumbrados, aunque con repercusiones en otros sectores sociales donde ha prendido una falsa conciencia.
La clase media venezolana, gracias a la renta petrolera, ha disfrutado tradicionalmente de un alto nivel de vida, simultáneamente con poseer una limitada cultura general, y un muy débil nivel de politización, determinado por las condiciones de su entorno. Este sector social se ha desarrollado en Venezuela al amparo de la riqueza petrolera, producida por un número bastante limitado de trabajadores. La cultura económica que ha prevalecido en el país, y de la cual la clase media ha sido expresión muy clara, se ha fundamentado, especialmente desde principios de los años 70, época del primer boom petrolero, en el consumismo desenfadado, cimentado en una lógica de la "extracción", y no de la producción, típico de una economía rentista. Los cuantiosos recursos producidos por la renta petrolera, la rapidez de su difusión en el torrente económico del país, a través del Estado, y la distorsión que ha producido en el funcionamiento social y económico del país, han determinado las costumbres y pautas sociales y económicas del conjunto de la sociedad venezolana, pero muy especialmente, por su específica ubicación en la estratificación de clases, a este sector social.
La lógica del "Ta'barato...dame dos", de los viajes a Florida o a otros destinos en el Caribe, ha sido la característica más resaltante de una cultura del consumo basada en el individualismo, modelada por sociedades más desarrolladas, particularmente la norteamericana, constituyéndose en el efecto demostración por excelencia.
Todo esto la convierte en un sector social profundamente conservador y temeroso de lo que considera un giro del país hacia posturas socializantes y eventualmente autoritarias, temor que se ve recrudecido por el discurso y las imágenes difundidas por los medios de comunicación, especialmente por la televisión.
23 de octubre de 2002
¿Qué pasó en Venezuela?
Entre el 11 y el 13 de abril, Venezuela vivió el proceso político más dramático e inédito de su historia contemporánea. En 48 horas, un gobierno democráticamente elegido y ratificado en una nueva elección por un elevado porcentaje de la población venezolana, fue derrocado y reinstalado en el poder, mientras que el efímero gobierno de facto que había asumido tras el derrocamiento del presidente Chávez, desaparecía con la misma rapidez con la que había surgido.
Aún es temprano para conocer los pormenores políticos y sociales de un fenómeno tan interesante y particularmente significativo en la situación presente y futura del país. No está a disposición de la mayoría de la población la documentación que arroje luces sobre los preparativos de la asonada golpista, tampoco está totalmente claro el papel jugado por factores externos como el gobierno norteamericano. Apenas se acaba de conformar en
Un golpe de derecha
En primer término, no cabe la menor duda que en Venezuela se produjo un golpe de Estado, no estrictamente militar, pero en el que, sin embargo, participó un importante sector de las fuerzas armadas, especialmente compuesto por generales y almirantes, así como también un predominante sector civil, compuesto, aparentemente, por jóvenes empresarios. Otro componente importante del golpe fue
El golpe no tuvo las características tradicionales de las asonadas militares latinoamericanas. No fue una operación milimétricamente planificada en la clandestinidad, fijada para un día y una hora determinada, por el contrario, la oposición al gobierno de Chávez venía desde hacía meses conspirando abiertamente, utilizando como punta de lanza a los medios de comunicación social.
Esta estrategia se recrudeció con particular énfasis y decisión desde el paro patronal del 10 de diciembre del pasado año.
Fedecámaras y
La clase media: base social del golpe
El golpe de Estado encabezado por Pedro Carmona Estanga, en menos de 48 horas, mostró una faz ultraconservadora; sin lugar a dudas que los venezolanos vimos en el poder, quizás por primera vez, el comienzo de una dictadura de derecha que en el breve período de su existencia llevó a cabo más de 1000 allanamientos en todo el país, arrestó a ciento de personas violando sus más elementales derechos y garantía ciudadanas, arremetió contra funcionarios del gobierno de Chávez y mediante decreto eliminó
El factor militar
Otro aspecto de primerísima importancia a considerar es el relativo al tema militar. Está claro que las fuerzas armadas venezolanas atravesaron por una profunda crisis que las tiene hoy sumidas en una evidente división, división que no es nueva, ya se había manifestado a raíz de los golpes militares de 1992, sin embargo, hoy se ve recrudecida y modificada por los procesos sociopolíticos que se venían desarrollando en el país como preámbulo de la asonada cívico-militar del 11 de abril.
Entre el 11 y el 13 de abril, se produjo un proceso interesante en el seno de las fuerzas armadas. Después de la confrontación entre partidarios del presidente Chávez y los participantes en la marcha organizada por la oposición el día 11, que concluyó con severos disturbios en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, un sector de las fuerzas armadas, especialmente el que se conoce como "institucionalista", mostró públicamente su rechazo a lo que consideraron en un primer momento como una agresión a personas que marchaban pacíficamente, gracias a la difusión sistemática y tergiversada de los sucesos por parte de los medios de comunicación especialmente televisivos, incluso expresaron su rechazo a reprimir al pueblo. Este sector, compuesto básicamente por oficiales de alto rango (almirantes y generales), en alianza con sectores civiles y con oficiales abiertamente antichavistas, procedieron a ejecutar un golpe de estado que se materializó en la noche del mismo día 11 de abril mediante la detención del presidente Chávez, procediéndose al día siguiente a nombrar un nuevo presidente, papel que recayó en el Dr. Pedro Carmona Estanga, hasta ese momento presidente de Fedecamaras. No cabe duda que entre la noche del 11 de abril y el día 12, el gobierno del presidente Chávez perdió el control del conjunto de las fuerzas armadas, así como el control gubernamental. Durante aproximadamente 24 horas, el gobierno de Hugo Chávez Frías cayó.
Qué posibilitó el retorno de Chávez al poder? La movilización militar y popular
Después de un período de desconcierto durante el cual se creía que el presidente había renunciado, los militares chavistas, básicamente compuestos por oficiales de rango intermedio y bajo (mayores, capitanes, tenientes), así como los suboficiales y una abrumadora mayoría de la tropa, reaccionó, presionando a sus superiores por el retorno de Chávez, por el respeto a
Pensar en lo que pasó, como un hecho superado, es por lo menos, ingenuo. Los factores que posibilitaron el derrocamiento momentáneo del presidente Chávez siguen vigentes y actuando como si nada hubiera ocurrido. Los sectores militares descontentos con el actual régimen aún permanecen en el seno de las fuerzas armadas, la derecha ultraconservadora que se expresó políticamente a través del golpe, puede recomponerse, ganar nuevos bríos y aliarse a los sectores que en un primer momento excluyó. El golpe del 11 es sólo el primer capítulo de una crisis política y social que sólo se resolverá mediante la medición de fuerzas de los sectores en pugna, la imposible reconciliación entre sectores sociales con intereses contrapuestos sólo servirá para ahogar las esperanzas de redención de la inmensa mayoría pobre y silenciosa, tradicionalmente marginada de las decisiones más importantes.
17 de junio de 2002
domingo, 18 de febrero de 2007
La toma de Sanitarios Maracay
Las lecciones de un conflicto laboral en el marco de la coyuntura política nacional
Esta importante empresa, ubicada en la capital del estado Aragua, propiedad de los Branger-Pocaterra, dos poderosas familias de la “godarria” del centro del país, accionistas, por cierto, del Banco Venezolano de Crédito, que jugó un papel de primer orden en el golpe de abril de 2002, acaba de atravesar por un prolongado conflicto con sus 650 trabajadores. Y no es para menos, las condiciones de trabajo en el galpón en el que se encuentra la planta, son realmente deprimentes. Hornos con elevadas temperaturas; una materia prima de alto riesgo que afecta las vías respiratorias, todo ello en un marco de explotación desenfrenada, donde los trabajadores carecen de los implementos de trabajo necesario para trabajar en las condiciones antes mencionadas.
Sin duda, para una empresa que exporta el 90% de lo que produce, la maximización de las ganancias a través de la reducción de costos, es uno de sus objetivos fundamentales. Y por supuesto, son los trabajadores los que tienen que cargar con el pesado fardo de la explotación capitalista en aras de la ganancia.
Las causas del conflicto
Lo cierto es que los trabajadores de Sanitarios Maracay hastiados del incumplimiento de las más mínimas normas de seguridad por parte de la empresa; de la carencia de botas, mascarillas, guantes y otros implementos de trabajo (la empresa tenía dos años sin dotar de uniformes a los trabajadores); de la violación reiterada de diversas cláusulas del contrato colectivo; de la contratación de trabajadores temporales a destajo (trabajan por pieza producida), así como del intento de desconocer al sindicato, decidieron iniciar una protesta contra esta situación. De allí que el día 3 de abril se presentaran a las oficinas de la empresa con bolsas en las que llevaban los uniformes e implementos de trabajo deteriorados. Sin embargo, para su sorpresa, se encontraron que todo el personal administrativo, los gerentes y los patronos habían abandonado la fábrica.
¿Qué pretendían los patronos?
Para los trabajadores y los dirigentes del sindicato estaban muy claros los objetivos de los dueños de la empresa. Con la paralización de la planta, los empresarios buscaban justificar el cierre de la empresa, responsabilizando a los trabajadores, y de esta manera proceder a despedir al menos a la mitad de los obreros, y a la par de esto, liquidar a la organización sindical, y a su dirigencia clasista. Esto era también evidente, que los patronos habían colocado en una agencia de empleo una oferta solicitando trabajadores (www.bumeran.com.ve).
Triunfan los trabajadores
Desde entonces se inició un conflicto que duró 42 días, en el que los patronos terminaron siendo doblegados por la férrea voluntad y la combatividad de los trabajadores. Con el acuerdo suscrito en la noche del miércoles 10 de mayo, los patronos tuvieron que retroceder en sus pretensiones. Retiraron todos los procedimientos administrativos y judiciales –entre ellos un recurso de amparo contra la directiva sindical-, interpuestos ante el ministerio del Trabajo y los tribunales. Por otra parte, los trabajadores lograron que la empresa reconociera 32 días de salarios dejados de percibir durante el conflicto
La “santa alianza” contra los trabajadores
Iniciado el conflicto a los trabajadores se le interpuso un poderoso enemigo coaligado. Como viene sucediendo en todo el país, y aún incluso en el marco del proceso revolucionario, una alianza criminal y antiobrera, compuesta generalmente por funcionarios gubernamentales de tribunales e inspectorías del trabajo, policías regionales, diputados y representantes de los partidos del llamado “bloque del cambio”, y hasta alcaldes y gobernadores “chavistas”, junto a nuevos y viejos burócratas sindicales, empresarios y miembros de supuestos círculos bolivarianos, compuestos por cooperativistas, miembros de las Misiones, comprados por “cuatro lochas” por funcionarios y dirigentes de los partidos de gobierno, intentó quebrar la férrea voluntad de los trabajadores.
Las lecciones del conflicto
Sin embargo, fue más fuerte la disposición de lucha y movilización de los trabajadores, la solidaridad de otros sectores laborales, así como la capacidad política de los dirigentes sindicales, que acertadamente condujeron el conflicto, contando además con el decidido apoyo de los coordinadores nacionales de
El conflicto de Sanitarios Maracay puso en evidencia varias lecciones. En primer término, sólo la movilización organizada, y la participación democrática de los trabajadores en todas las decisiones, es garantía de triunfo. Efectivamente, este conflicto demostró que, como en el boxeo, la mejor defensa es el ataque. Ante el abandono de la empresa por parte de los patronos, la dirigencia sindical y los trabajadores no se amilanaron ni titubearon. Respondieron al chantaje con dureza, tomando la fábrica y preparándose para ponerla a producir si el gobierno no buscaba resolver el impasse o los patronos no daban la cara.
Por otro lado, los trabajadores se mantuvieron unidos alrededor de su conducción sindical clasista, mientras que todas las decisiones sobre la toma de la empresa y su mantenimiento y seguridad se tomaron democráticamente en asamblea con todos los trabajadores.
Otra lección es el alto grado de conciencia política y de clase alcanzadas por los trabajadores venezolanos en el proceso revolucionario. Y los trabajadores de Sanitarios Maracay son un ejemplo de ello. Estos, junto a su conducción sindical, estaban conscientes de lo difícil del conflicto, así como de las intenciones de los patronos. Pero también estaban claros en garantizar el derecho al trabajo. Y con la toma de la fábrica y su disposición a ponerla a producir, se cuestionaba directamente la sacrosanta propiedad privada, aún vigente en
La otra lección definitiva y fundamental que se puede extraer del conflicto es el de la solidaridad de clase. Todos los integrantes de la “santa alianza” antiobrera a la que hacíamos referencia previamente, tuvieron que retroceder ante todos los elementos antes planteados, potenciados al máximo por la extraordinaria movilización del 26 de abril, convocada por
Todas las anteriores son lecciones de carácter objetivo, directamente relacionadas con la lucha y con las condiciones estructurales del momento, pero hay otra muy importante y decisiva, tal como se mostró en el conflicto de Sanitarios Maracay, y es la necesidad de que los trabajadores cuenten con una conducción sindical clasista, revolucionaria, combativa y democrática. Sin Humberto López, José Villegas, Luis Alvarado, Joel Rodríguez, Richard Carpio, Henry Chirinos y José Pérez, dirigentes de la organización sindical, hubiera sido imposible lograr a través del tiempo y de la lucha en el conflicto, la conciencia política y de clase obtenida; no se hubiera concretado la solidaridad de otros sectores laborales, y no se hubiera puesto por delante la movilización y la participación democrática de los trabajadores en las decisiones. Esa preparación para la lucha, y la concientización lograda, llevó al sindicato a acumular un fondo de huelga de 150 millones de bolívares, el cual alcanzó para resistir los 42 días del conflicto sin mayores contratiempos, e incluso hubo recursos para apoyar otras luchas como la de las trabajadoras de Gotcha. Aquí se pone en evidencia la conciencia política y sindical lograda por los trabajadores, así como el papel decisivo de su dirigencia, y la importancia del sindicato. Dentro de este aspecto es importante destacar el papel de
La lucha por construir un partido revolucionario y socialista
Sin embargo, sería insuficiente limitar las lecciones a los aspectos puramente sindicales, y no extraer enseñanzas políticas estratégicas. El conflicto de Sanitarios Maracay, como todos los conflictos obreros-patronales, pone en el tapete la necesidad de la lucha por el poder político. No sólo se trata de saber quién dirige, y en función de que clase e intereses, se administra una fábrica. En realidad, es necesario ir más allá. Y plantearnos la pregunta: ¿quién debe gobernar el país? Con todas sus fábricas, comercios, bancos y tierras. La lucha de los trabajadores de Sanitarios Maracay puso a la orden del día la cuestión del poder, no sólo en la fábrica sino en el país, tal como sucedió con los trabajadores petroleros durante el paro-sabotaje golpista. Este conflicto y la toma de la empresa, fue un primer escarceo preparatorio para dirigir la fábrica y con ella el poder político en el país, junto a los demás trabajadores y al pueblo organizado. Pero para lograr esto, no basta con el sindicato o con una central sindical clasista. Estos son elementos fundamentales, pero para dirigir el país es necesario que a partir de las luchas obreras, populares y juveniles, de las movilizaciones por reivindicaciones concretas, de la construcción de C-CURA en el seno de
Fábricas recuperadas por los trabajadores
Venezuela vive un extraordinario proceso revolucionario, en el marco del cual el pueblo y los trabajadores han luchado tenazmente contra la oligarquía nacional, sus partidos, así como contra el acoso constante del imperialismo. Esta lucha ha tenido distintas expresiones concretas, y una de ellas, quizás la más importante estratégicamente para los intereses de la clase obrera en tanto sujeto fundamental de la revolución, es la de las “tomas” y recuperación de industrias y fábricas, cerradas previamente por los patronos.
¿Por qué los obreros “toman” las fábricas e intentan recuperarlas?
Históricamente, este fenómeno es consecuencia directa de la crisis permanente del sistema capitalista y de su absoluta incapacidad para resolver los más elementales problemas de los pueblos. El capitalismo, en su fase imperialista y transnacional, muestra signos inequívocos de agotamiento y descomposición que afectan terriblemente el nivel de vida de la población, lo cual hace cada vez más difícil para los trabajadores la satisfacción de las más elementales reivindicaciones sociales, tales como trabajo digno, salud, educación o vivienda.
Este fenómeno se ha expresado en otros países y en otros momentos históricos, tales como en la Italia de la década de los 20 del siglo pasado; en la España revolucionaria, durante la Guerra Civil, y más recientemente en Argentina. En Venezuela el fenómeno se ha manifestado en condiciones muy particulares, y se explica por las mismas razones históricas a que hacíamos referencia previamente, pero también por condiciones específicas de nuestro país y del proceso revolucionario por el que atravesamos.
El sabotaje a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la lucha de los trabajadores venezolanos.
A partir del paro patronal convocado por Fedecámaras el 10 de diciembre de 2001, se abre un proceso de profunda confrontación de clases en Venezuela, que va a tener como picos más altos, en primer lugar, el golpe de abril de 2002, y la subsiguiente movilización popular por el rescate del presidente Chávez y la restitución de las libertades democráticas; y posteriormente el paro patronal y el sabotaje petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003. Estas dos fases del proceso revolucionario están íntimamente relacionadas, ya que en ambas el pueblo y los trabajadores enfrentaron a los mismos enemigos, es decir, al imperialismo, a la burguesía local y sus partidos; y con su lucha y su movilización cuestionaron las bases mismas del sistema capitalista.
En ambos episodios sociopolíticos se produjo una exacerbación de los antagonismos de clase. Se puso claramente en evidencia el papel de los partidos de la oligarquía, así como de las instituciones de la democracia burguesa, particularmente de los medios de comunicación social, al mismo tiempo que se producía un febril proceso de organización popular.
Durante los dos meses del sabotaje a Pdvsa y de lock out impuesto por los empresarios privados, se produjo un enfrentamiento, en muchos casos físico, en el que se planteó con absoluta claridad la cuestión del poder. Incluso, fue cuestionada la propiedad privada, en la medida en que se generó una disputa por el control de los medios de producción, las fábricas, los comercios, los bancos, la tierra, los liceos y escuelas, las industrias básicas, y por supuesto, de la empresa petrolera. Escuelas públicas y privadas fueron abiertas por los padres y representantes, con el apoyo de las comunidades, y en muchos casos controladas directamente por éstas. Otro tanto sucedió en las empresas eléctricas, que garantizaron el fluido eléctrico a las industrias de Guayana. En algunos lugares del país las comunidades organizadas, junto a los trabajadores, mantuvieron abiertas sucursales de bancos. Pero fue en Pdvsa donde este proceso se puso más claramente en evidencia. Durante aquellos dos meses se colocó sobre el tapete quién controla y dirige los destinos del país.
En nuestra principal industria, los trabajadores, con el apoyo de las comunidades y la Fuerza Armada, recuperaron la empresa, y controlaron democráticamente durante dos meses todo el proceso productivo, y demostraron, más allá del supuesto carácter imprescindible de la meritocracia, que sí podían gestionar una empresa como la petrolera. Sin duda, ésta fue una gran enseñanza para el conjunto de los trabajadores venezolanos.
Las “tomas” de empresas: una consecuencia del paro-sabotaje petrolero
Después de derrotado el paro patronal y el sabotaje a Pdvsa, muchos empresarios decidieron, unilateralmente, suspender o menoscabar derechos laborales, violando flagrantemente las leyes del país. Se redujeron las jornadas laborales y por tanto el salario; se decidieron vacaciones colectivas sin salarios, se despidieron numerosos trabajadores, y en otros casos simplemente decidieron cerrar las empresas argumentando pérdidas como consecuencia de un lock out patronal que ellos mismos habían convocado para derrocar al gobierno constitucional. Esta situación produjo una doble reacción de los trabajadores venezolanos: por una parte, se produjo una “revolución sindical democrática y antiburocrática”, que llevó a la defenestración de viejos dirigentes sindicales entronizados por décadas en sus cargos, que fueron sustituidos por nuevas dirigencias sindicales clasistas que propiciaron el surgimiento y desarrollo de la Unión Nacional de Trabajadores; y por otra parte, el fenómeno de las fábricas tomadas por sus trabajadores, en un intento por defender el derecho al trabajo. Éste fue el caso de la Constructora Nacional de Válvulas (CNV), en los Altos Mirandinos; Industrial de Perfumes (Cristine Carol), en Caracas; Textiles Fénix, en San Juan de los Morros (Guárico); Plásticos Vinílicos, en Villa de Cura (Aragua); y la más emblemática probablemente, Venepal, en Morón (Carabobo). De todas éstas, solo la CNV, hoy Inveval, así como Venepal, en la actualidad denominada Invepal, han sido expropiadas y puestas a producir con la participación de los trabajadores, a través de la constitución de cooperativas. Es importante resaltar que en la totalidad de los casos mencionados, los trabajadores solo llegaron a ocupar y tomar físicamente las instalaciones industriales, pero por diversas razones no dieron el salto cualitativo de ponerlas a producir. Las recuperaciones de CNV y Venepal se produjeron con la intervención directa del gobierno, contando con la participación de los trabajadores.
Ambos procesos están directamente relacionados con las enseñanzas adquiridas al calor del proceso revolucionario, pero sobre todo son consecuencia directa de la confrontación durante el paro patronal y el sabotaje a Pdvsa. Con respecto al primer aspecto, la actitud propatronal y entreguista asumida por la burocracia adeca de la CTV, mostró su verdadera faz ante los ojos de los trabajadores. El hecho de que avalaran las medidas que los patronos comenzaron a aplicar después del paro, para descargar sus consecuencias económicas sobre los hombros de los trabajadores, fue la gota que derramó el vaso, propiciando el hecho histórico de la muerte de la CTV, y la conformación de una nueva central sindical, que con todas sus contradicciones internas se constituye en una herramienta altamente progresiva. Por su parte, el fenómeno de las fábricas ocupadas fue la lección que los trabajadores venezolanos aprendieron de los petroleros y del conjunto del pueblo que le disputó al imperialismo y a la burguesía el control de la economía nacional.
Los procesos sociales y políticos tienen un carácter acumulativo en la conciencia de las personas. Y en el contexto de un proceso revolucionario, donde los saltos en dichas conciencias se producen violentamente, lo que no se pudo “aprender” durante décadas es asimilado y puesto en práctica con mucha rapidez, al calor de la vorágine de los acontecimientos. Durante el paro-sabotaje petrolero, los trabajadores venezolanos fueron descubriendo muchas cosas. De manera repentina y violenta, supieron identificar quiénes eran sus enemigos y sus aliados. Se percataron de que podían dirigir sus propios destinos y el de las empresas donde laboraban. Asimilaron la lógica de la lucha de clases, y ante la situación que los patronos le colocaban por delante después del paro, reaccionaron contra los que identificaban como sus enemigos: la burocracia sindical de la CTV y los empresarios que habían estado involucrados en el golpe y el paro, y que ahora cerraban las empresas poniéndolos en la calle y negándoles el derecho al trabajo.
¿Cooperativas o control obrero?
En medio de la lucha de los trabajadores por recuperar las empresas ocupadas, se produjo un debate sobre la mejor forma de ponerlas a producir. El debate entre conformar cooperativas o el control obrero fue parte del forcejeo con los patronos y los funcionarios gubernamentales por lograr el derecho a trabajar. Al final, por lo menos en los casos de Venepal y CNV – y en otros casos de empresas recuperadas directamente con la intervención del gobierno- la figura de las cooperativas ha sido la privilegiada. El debate sigue abierto y es un reto para los trabajadores que actualmente laboran en empresas recuperadas, así como para el conjunto del movimiento obrero venezolano.
Desde nuestra perspectiva, las cooperativas, siendo un avance significativo en la conciencia de los trabajadores, no dan respuesta estructural al problema que origina las quiebras y el cierre fraudulento de empresas, los bajos salarios, la sobreexplotación y el desmejoramiento de las condiciones laborales.
Entendemos a los trabajadores cuando ven en las cooperativas una posibilidad de redención económica. En el contexto de la crisis del sistema capitalista, esta actitud no hace más que evidenciar el agotamiento del modelo económico basado en la explotación de la fuerza de trabajo y la necesidad de organizar a la sociedad de una forma distinta, donde no existan explotados ni explotadores, y donde los trabajadores tengan el control directo y democrático de los medios productivos. De cierta manera, las cooperativas reflejan un progresivo avance hacia la independencia de los trabajadores como clase, y a la solidaridad entre los mismos. Sin embargo, creemos, junto a Rosa Luxemburgo, que: “las cooperativas en el campo de la producción no pueden ser consideradas seriamente como instrumentos de una transformación social general”.[1] Esto lo afirmaba en 1907, cuando aún el capitalismo no había llegado a los niveles de concentración de capital y desarrollo tecnológico como el actual.
En rigor, tanto las cooperativas como la cogestión o el control obrero, solo podrán tener un impacto definitivo en el nivel de vida de los trabajadores y el conjunto de la sociedad, construyendo una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, sin desigualdades, y donde la participación democrática del pueblo y de los trabajadores en las decisiones públicas se haga efectiva. Esto nos plantea la necesidad de trascender el capitalismo, y comenzar desde ya a transitar el camino de la construcción del socialismo.
[1] Luxemburgo, Rosa. Reforma o revolución. Editorial Grijalbo, colección 70. México, 1975. Pág. 74.
¿Es posible una “educación socialista” en el marco del capitalismo?
Toda la derecha golpista, sus partidos,
Ya las viejas consejas reaccionarias según las cuales el Estado le quitará los niños a los padres, que Venezuela será otra Cuba, y otras sandeces absurdas, comienzan a dejarse oír en los medios de comunicación, a través de doctos sinvergüenzas a los que nunca les interesó la educación de los hijos de los trabajadores y el pueblo.
Un simple anuncio de reformas que eventualmente podrían acercar el hecho educativo a los pobres, a los excluidos y marginados de siempre, llevando con ello la lucha de clases al seno mismo del aparato educacional, los aterra y les hace pegar el grito al cielo.
La carreta no va delante de los caballos
Sin embargo, creemos que una “educación socialista” –como ya en la década del 30 planteó Lázaro Cárdenas en México, en el marco del capitalismo- no es posible ni viable mientras las bases económica, social y política de la sociedad sean burguesas y capitalistas. Una genuina educación socialista sólo podría concretarse sobre la base de la expropiación de la burguesía y las grandes trasnacionales, y la organización del conjunto de la sociedad a partir de la socialización de los medios de producción bajo control de los trabajadores y el pueblo. Y ese proceso debe incluir la socialización de todas las instituciones educativas privadas, las cuales deben funcionar bajo la gestión de los maestros, los trabajadores y las comunidades, unificándose la educación en un sólo sistema público, gratuito y universal.
La educación, como todos los demás aspectos de la vida en el marco de una sociedad burguesa, tiene un carácter de clase. Y sólo con la conformación de un gobierno de los trabajadores, los campesinos y el pueblo, que arrebate el poder político, económico, militar, comunicacional y cultural a la burguesía y al imperialismo, se podrá comenzar a transitar el camino de la transformación socialista de la educación.
Llevar la lucha de clases al proceso educativo
No obstante lo anterior, el planteamiento hecho por el gobierno de iniciar algunas reformas en la educación del país, podría ser una brecha a través de la cual se produzca un proceso de lucha social en el seno de las escuelas, liceos, universidades, y en el conjunto de la sociedad, que abra la lucha revolucionaria dentro de dichas instancias, destruyendo el conservadurismo, los dogmas, el formalismo y los lugares comunes; permitiendo así que las instituciones educacionales comiencen a ser hervideros de ideas y laboratorios de conciencias revolucionarias entre los niños y jóvenes, en el marco más general de la lucha por el poder político de los trabajadores y el pueblo.
Si bien las reformas planteadas no significan aún el establecimiento de una “educación socialista”, la cual, como ya decíamos, no será posible sino en el contexto de la transformación del conjunto de la economía y la sociedad, sin embargo, pueden servir para abrir un proceso de debate y de lucha política y social que permita que el sector educativo también sea impactado por el proceso revolucionario que vive el país.
Una educación socialista no es posible sin satisfacer las reivindicaciones laborales
Por otra parte, la lucha por una educación democrática y de acceso libre y gratuito para los hijos de los trabajadores y el pueblo, que contribuya a la pelea por una Venezuela Socialista, supone la satisfacción de las principales reivindicaciones económicas y sociales de maestros y trabajadores.
No es posible hablar de “educación socialista” mientras se mantengan los bajos salarios de los maestros y docentes de educación media y universitaria; sin libertad para que los trabajadores de la enseñanza se organicen sindicalmente; sin presupuesto justo para toda la educación, sea esta básica, media o universitaria.
…y sin la participación democrática de maestros, padres, comunidades y alumnos
Pero tampoco se puede hablar de “educación socialista”, si desde el Ministerio de Educación se decreta un nuevo proyecto educativo nacional que no ha sido discutido con las comunidades, los padres, maestros y alumnos, o si se aprueban nuevas leyes de educación y educación superior, en cuya discusión y elaboración no participen los protagonistas del hecho educativo.
En tal sentido consideramos que las nuevas leyes de educación y el proyecto educativo nacional deben someterse a la discusión de las organizaciones sindicales del magisterio y de los docentes universitarios, así como también a las organizaciones comunitarias, a los centros de estudiantes, a las federaciones de centros y a los padres y representantes.
Por un proyecto educativo nacional discutido con los maestros, trabajadores y comunidades
La transformación del proceso educativo sólo puede ser parte de la transformación radical de la economía y del conjunto de la sociedad, y debe suponer la discusión democrática de un proyecto educativo nacional en el que participen, los maestros, los trabajadores, comunidades, padres y alumnos.
En lo inmediato, si efectivamente se quiere acometer un proceso transformador de la educación, es necesario aumentar sustancialmente los salarios de todos los trabajadores de la enseñanza a todos los niveles; incrementar el presupuesto educativo para posibilitar los aumentos de sueldos, dotar de equipos, materiales y laboratorios a las instituciones educativas, destinar recursos en las universidades para la reposición de cargos docentes y administrativos, y decretar el libre acceso de los estudiantes a las universidades, eliminando todas las pruebas de admisión; impulsar junto a
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